Entre 1915 y 1930 el Uruguay vivió profundos cambios políticos. Una nueva Constitución y la consolidación del sistema bipartidista -que regiría durante más de cincuenta años-, conformaron el perfil nacional de una de las democracias más estables de América.
El "alto de Viera" y la nueva Constitución
Otros importantes cambios habían sucedido a nivel del gobierno. El nuevo presidente, Feliciano Viera (1915-1919), había resuelto hacer un "alto" en la política reformista que venía impulsando el batllismo. Pese a que muchos proyectos de ley prontos a aprobarse recibieron sanción en estos años, no se propusieron iniciativas más importantes. En esta decisión presidencial debe haber influido el revés sufrido por el batllismo en las elecciones para la Constituyente. A Viera la nueva política le valió el apoyo de los conservadores blancos y colorados y de las grandes cámaras empresariales, sectores que habían sido “perjudicados” por las transformaciones llevadas adelante por el batllismo.
Sin embargo, una nueva sorpresa se sumó al ya complejo escenario político. En las elecciones legislativas de enero de 1917, obtuvo la victoria al batllismo, que fue la lista más votada individualmente. El país encontró en una disyuntiva: la Asamblea Constituyente proponía una Constitución con un Ejecutivo unipersonal, mientras las Cámaras tenía mayoría a favor del Colegiado. A la vez, Batlle anunció la posibilidad de presentar su candidatura a la presidencia para el período siguiente; por tanto, si los anticolegialistas sacaban adelante su proyecto, era muy probable que este ocupara nuevamente el sillón presidencial. Esta posibilidad acercó las posiciones y se buscó una solución de conciliación. Para eso se formó la Comisión de los Ocho, que finalmente redactó el proyecto de texto constitucional. En él se proponía una fórmula de Ejecutivo mixto, con un presidente y un Consejo Nacional de Administración. La nueva Constitución, plebiscitada a fines de 1917, entró en vigencia el 1.° de marzo de 1919.
(arriba) El Palacio Legislativo en construcción.
(abajo) Feliciano Viera
( arriba) Estadio Centenario: sede del primer mundial FIFA
(abajo) El "Admiral Graff Zeppelin" sobrevolando el Palacio Salvo
La feliz expresión acuñada por la historiografía hace referencia a una época en que el Uruguay tenía una alta imagen de sí mismo; se sentía un país excepcional y miraba el pasado y el futuro con igual orgullo. Muchos ejemplos de la época justificaba esa autocomplacencia, aunque los síntomas de la crisis que se avecinaba ya estaban a las vista.
Realidad e ilusión
Más que el escenario económico o social de los años veinte, lo que nutría esa imagen de un Uruguay dorado real el recuerdo de los primeros años del siglo, en los que la prosperidad económica permitía que el peso valiera más que el dólar; las diferencias sociales no eran extremas y la escuela pública integraba por igual a pobres y a ricos; a uruguayos y a extranjeros. Era el país de la libertad y la democracia, que las fórmulas elaboradas después de la nueva Constitución hacían parecer invulnerable. Más cerca de Europa que de América, en lo material y en las aspiraciones Uruguay se presentaba como un lugar lleno de oportunidades. Se olvidaban, entre tantos elementos positivos, la condición en que vivían los pobres y muchos inmigrantes, las cargas de la policía contra los huelguistas, las alianzas y contra-alianzas que en muchas ocasiones desvirtuaban la intención del votante.
Los años treinta: crisis y dictadura
Como toda América Latina, Uruguay sufrió las consecuencias de la crisis de 1929. Al igual que otros Estados del continente, llevó a cabo un plan para atenuar sus efectos y padeció un golpe de Estado y una dictadura. El caso uruguayo, sin embargo, mostró particularidades.
Las medidas contra la crisis
Entre 1929 y 1932, la caída de las exportaciones trajo como consecuencia un menor ingreso de divisas y la consiguiente devaluación del peso. Como en otros países, se recurrió a disminuir las compras en el exterior para evitar el desequilibrio de la balanza comercial. También a semejanza de otros casos latinoamericanos, Uruguay promovió la industria de sustitución de importaciones (ISI) para contrarrestar la escasez y el alza de precios de los productos importados. Otra medida tomada para evitar la salida de divisas fue la prohibición a las empresas extranjeras de remitir ganancias a sus países de origen. Por otra parte, en 1932 la situación era tan crítica que el país suspendió el pago de la deuda externa.
En tal difícil coyuntura, el gobierno se movió en varias direcciones para atender intereses muchas veces contradictorios. En un primer momento permitió a los exportadores que vendiera las divisas a un precio más alto que el oficial para compensar la disminución de sus ingresos, pero pronto debió abandonar la medida, que producía más devaluación y perjudicaba al comercio importador, a la industria y a los trabajadores que vivían de ingresos fijos.
La política de obras públicas, como en otras naciones, fue un recurso para combatir la desocupación. Reforzando el dirigismo económico, el Estado pasó a su órbita, en carácter de monopolio, actividades que estaban en manos privadas, como la telefonía y la generación de energía hidroeléctrica. Nuevos entes estatales aumentaron su control sobre sectores estratégicos; tal fue el caso de ANCAP, creada en 1931 para establecer, entre otros fines, el monopolio de la importación, refinado y comercialización del petróleo y sus derivados.
Gabriel Terra recibiendo la banda presidencial
Las contradicciones del gobierno
La Constitución de 1917 había instituido un Poder Ejecutivo mixto, con un presidente, en este caso Gabriel Terra, a quien le competían las funciones primarias del Estado -el orden y la seguridad- y un Consejo Nacional de Administración que tenía a su cargo la dirección de la política social y económica. Fue este cuerpo colegiado, de mayoría batllista, el que implementó el plan anticresis. El programa afectaba, aunque de manera distinta, a grandes estancieros, importadores e industriales, y fue razón suficiente para que estos sectores se opusieran a él. Pero la resistencia de los conservadores fue mayor porque el plan provenía del viejo tronco batllista. Agrupados desde 1929, estos sectores se convirtieron en opositores tenaces en el Consejo Nacional de Administración. Sus principales ataques fueron contra el aumento del gasto público, nuevos y viejos impuestos, entre otras medidas.
La dictadura de Terra
El 31 de marzo de 1933, con el apoyo de sus aliados políticos y de las fuerzas conservadoras, dio un golpe de Estado. A diferencia de otras experiencias similares en América Latina, en Uruguay las Fuerzas Armadas no participaron directamente en él. El presidente apenas contó con el apoyo de la policía y del cuerpo de bomberos. Pese a ello, el ejército no se opuso; la oficialidad, mayoritariamente colorada y antibatllista, se mantuvo al margen y no defendió la legalidad.
Fotografía de Montevideo en los años 30'
El dictador disolvió el Consejo y el Parlamento y estableció una Junta de Gobierno y una Asamblea Deliberante. Como toda dictadura, eliminó las libertades públicas, censuró a la prensa y persignó a la oposición con exilio, cárcel y asesinato. A pesar de la represión que llevó adelante contra sus adversarios -batllistas, nacionalistas independientes, socialistas y comunistas-, el apoyo que le brindaran sectores blancos y colorados contribuyó a que no prohibiera los partidos políticos.
La población no mostró resistencias. Salvo la huelga estudiantil en respuesta a la ocupación de la Universidad, no hubo manifestaciones populares de protesta. Los episodios más trágicos provocados por la dictadura fueron el suicidio de Baltasar Brum y el asesinato de Julio César Grauert, ambos líderes radicales del Partido Colorado. El alzamiento armado encabezado por el caudillo Basilio Muñoz y secundado, entre otros, por el nacionalista Ismael Cortinas y el colorado Luis Batlle Berres, sobrino de “don Pepe”, fue dominado en una semana.